RIO NEGRO: Sindicatos muestran desconformidad de firmar la Declaración Jurada del COVID-19

ATE y UPCN salieron al cruce del decreto de la gobernadora Carreras que obliga a los estatales a “asumir responsabilidades civiles y penales” en el marco del manejo de la pandemia del COVID-19.

Por Redacción

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) coincidieron en rechazar el Decreto 359/2020 del Gobierno de Río Negro que obliga a los agentes estatales a firmar una declaración jurada en la que asumen “responsabilidades civiles y penales” en el marco del manejo de la pandemia del COVID-19.

Según el decreto de la gobernadora Arabela Carreras los trabajadores de los rubros exceptuados del aislamiento obligatorio tienen que asegurar que no han tenido síntomas de coronavirus ni han estado en contacto con un caso positivo en los últimos 14 días.

Desde UPCN plantearon que “el gobierno de Río Negro vulnera el derecho de los trabajadores”. “El propio agente asume las responsabilidades civiles y penales de incumplir con las obligaciones que asume bajo juramento, cuando es el propio empleador quien debe garantizar bajo testeo y/o cualquier otra medida la integridad de la salud de los trabajadores que prestan servicios en este marco de pandemia”, subrayaron.

“La normativa desliga al Estado de su responsabilidad como empleador y de los problemas derivados del riesgo al que se exponen los agentes, incluso, contradice al propio Decreto Nacional 297/2020 que establece claramente que son los empleadores quienes deben tomar medidas para preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras exceptuadas de aislamiento”, remarcaron.

Por su parte, ATE definió el decreto como “un disparate” porque “se hace recaer en los hombros de los trabajadores una responsabilidad civil y penal que no les corresponde”.

Indicaron además que “es irónico que en esta declaración jurada se omita voluntariamente el art 207 del código penal, que es el que establece las penas que corresponden a los funcionarios públicos, que en todo caso, también debieran firmar la declaración: Carreras y todos sus ministros y funcionarios del gobierno provincial”.

“La redacción del Decreto provincial no constituye un beneficio para la población en el marco de la pandemia, sino que demanda al trabajador que firme bajo juramento algo que es imposible de establecer, como saber si se tiene o no COVID-19”, añadieron.

Tanto UPCN como ATE exigen a la gobernadora la derogación del decreto y “el cese de solicitudes a los trabajadores, instándolos en algunos casos y obligándolos en otros, a firmar la declaración jurada”.

“Mientras ya hay compañeros en Villa Regina, Chimpay, Choele Choel y Bariloche que dieron positivo, el decreto provincial vulnera un derecho fundamental de los trabajadores y libera al gobierno de su responsabilidad de cuidar al personal que se expone a un riesgo”, cuestionaron desde UPCN.

En ese marco, sugirieron a los trabajadores que “no firmen esa declaración jurada que nos obliga a hacernos cargo de algo que es imposible de asumir, ya que no está toda la población testeada y en consecuencia no podemos declarar bajo juramento y hacernos responsables civil y penalmente de haber estado o no con personas contagiadas”.