RIO NEGRO: Domingo propone incluir en la discusión a las provincias que tiene conflictos con los pueblos originarios

El proyecto de ley argumenta que las decisiones que se toman  en el conflicto de la tierra  con los pueblos originarios son tomadas de manera distante del epicentro. La iniciativa propone que las administraciones provinciales que deban afrontar situaciones de conflictividad, puedan participar de manera activa al momento de encauzar posibles soluciones, generando el reconocimiento… Ver artículo

Por emanuel castrillo

El proyecto de ley argumenta que las decisiones que se toman  en el conflicto de la tierra  con los pueblos originarios son tomadas de manera distante del epicentro. La iniciativa propone que las administraciones provinciales que deban afrontar situaciones de conflictividad, puedan participar de manera activa al momento de encauzar posibles soluciones, generando el reconocimiento jurídico de la propiedad comunitaria de la tierra para los pueblos originarios.

“Las provincias, en donde están estas tierras en conflicto, son las convidadas de piedra. Las decisiones las toman en oficinas en Buenos Aires despreciando la realidad del territorio y los habitantes. Y ese es uno de los graves errores que corrige este proyecto”, expresó Agustín Domingo, autor de la iniciativa que acompaña su compañero de bancada Luis Di Giácomo.

Los diputados nacionales de Juntos Somos Río Negro presentaron un proyecto de ley de reconocimiento jurídico de la propiedad comunitaria de la tierra para pueblos originarios, que incorpora a las provincias en la discusión de los conflictos, y resuelve el vacío legal que genera decisiones centralistas arbitrarias, y deriva en situaciones de ilegalidad y violencia.

La iniciativa propone corregir el vacío legal que dejan las leyes vigentes, a través de “Foros de Propiedad Comunitaria Indígena” para todos los casos de reconocimiento de los derechos y reclamos de las comunidades,
Esos foros serán integrados por dos representantes de la provincia y uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y encabezarán un proceso jurídico para evaluar la demanda de propiedad ancestral, las pruebas presentadas y escuchar las objeciones planteadas en audiencias orales y públicas de libre acceso.